El INE y su papel en el indice del alquiler de la vivienda

El centro de estudio de políticas económicas de Esade, advierte que el hecho de que sea el INE el encargado de establecer el nuevo índice de precios de alquiler  en 2025, podría ser muy negativo ya que esto «podría poner en riesgo su autonomía e independencia»

Al ser el INE una institución gubernamental  podría estar influenciada por el ejecutivo. Esta situación crearía una tensión política que no debería sufrir a la hora de determinar el índice de precios de alquiler. El índice acabaría no reflejando objetivamente la realidad del mercado y perjudicando de esta forma tanto a propietarios como a inquilinos.

Una Ley de la vivienda muy cuestionable

Esade continua explicando que La Ley de la vivienda sustituye el IPC como referencia para regular el alquiler y establece topes del 2% en 2023, 3% en 2024 , y un nuevo índice que establecería el INE a partir de 2025. Esto podría afectar negativamente, reduciéndose la oferta de viviendas de alquiler , aumentando los precios de alquiler en las zonas tensionadas y provocando incluso injusticias en la  redistribución

La aplicación de la Ley para Esade será un verdadero reto administrativo que podría limitar su eficacia:

Es muy costoso en recursos la categorización de propietarios, grandes tenedores de más de 5 viviendas.

La ocultación de la propiedad o división en estructuras societarias  supone altos incentivos que dificultarán el monitoreo continuo.

Las CCAA tiene competencia para establecer o no el control  de cada zona , según criterios políticos. Esto puede alejar las actuaciones de la esencia y objetivo de la Ley.

En conclusión: misión imposible

Por su parte es difícil de imaginar un parque público del 20% de viviendas públicas en tan solo 20 años, teniendo en cuenta que no todas vendrían del sector público.

Esade concluye :»Esta condición solo sería válida si todas las viviendas añadidas al parque español en las próximas dos décadas fueran públicas, algo que no va a suceder en la medida en que seguirá existiendo un mercado de vivienda privado. Para que la proporción pase al 20%, por tanto, al menos 9 de cada 10 viviendas sumadas deberían ser públicas. Algo que se antoja improbable y virtualmente imposible

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